domingo, 21 de enero de 2018

Quienes se divorcian son los Padres

«La custodia compartida debe ser el punto de partida, lo deseable, no algo excepcional»
V. MARTÍN, Burgos, 21/01/2018
En los últimos años, los sectores profesionales y doctrinales han solicitado de forma insistente una jurisdicción propia para el derecho de Familia. Lo cierto es que esta rama civil ha experimentado un incremento numérico de casos muy relevante y con esta medida se daría respuesta a la dimensión que ha obtenido en los tribunales del territorio nacional. Uno de sus firmes defensores es el abogado Fernando Hernández, vocal de la Asociación Española e Abogados de Familia.
Pregunta.- La asociación lleva años solicitando la creación de una jurisdicción propia de Familia. Una petición a la que no acaba de darse respuesta.
Respuesta.- Actualmente cuentan con una jurisdicción propia el derecho Laboral, el Contencioso y el derecho Mercantil. Sin embargo, en el caso del derecho de Familia existen juzgados que únicamente se dedican a este tipo de asuntos, pero no cuentan con jueces, secretarios ni fiscales especializados en el campo. Aprenden a base de práctica con los juicios, pero la realidad es que pasados unos años, algunos jueces dejan ese juzgado y viene otro que debe empezar desde cero. Esta problemática se resolvería con una jurisdicción exclusiva de Familia.
P.- ¿Qué ventajas, además de la especialización de los profesionales, traería?
R.- Esa es la más importante, que los juzgados cuentes con jueces, secretarios judiciales y fiscales adscritos especialistas en el área y esos juzgados estén dotados con un buen equipo de profesionales psicosociales que auxilien al juez en esa materia. Por supuesto, también es fundamental que una persona que se vea inmersa en un caso referido a este ámbito del derecho acuda a un abogado especializado en Familia. A partir de ahí se harían los procedimientos especializados para el derecho de Familia porque hay aspectos como la ejecución de determinadas sentencias que debería estar respaldada por una jurisdicción propia (....)
P.- ¿Qué plazos se manejan actualmente para resolver una denuncia en este campo?
R.- Antes de que surgiera la Oficina judicial, un divorcio de mutuo acuerdo sin hijos menores de por medio podía estar resuelto en apenas 10 días y en 15 o 20 días en caso de que hubiera hijos menores porque el expediente se deriva al Ministerio Fiscal para que informe favorablemente. Actualmente y con la misma ley, porque no ha cambiado, tras presentar el divorcio hasta 1 mes después no se nos notifica que la demanda se admite a trámite y 2 semanas después se cita a los esposos. Después pasa por el Ministerio Fiscal y lo que antes eran 15 días, ahora son más de 2 meses en un mutuo acuerdo

En un contencioso, los plazos pueden alargarse más de medio año cuando la ley está marcando prioridad en estos asuntos con hijos de por medio. Además, es importante recordar que en los asuntos de Familia intervienen personas, no es solo patrimonio y dentro de esas personas, unos seres mucho más frágiles como son los niños
P.- En esta petición de jurisdicción propia de familia sería fundamental además una homogeneización a nivel nacional. ¿Por ejemplo?
R.- Por ejemplo en la custodia compartida. En España existe una legislación clara sobre este asunto pero se puede mejorar y hay que mejorarla. El Código Civil regula ‘sin ningún problema’ cuando es de mutuo acuerdo, pero cuando es contenciosa, es decir la solicita una de las partes, el código se refiere únicamente a ‘con carácter excepcional’. Sin embargo, la realidad es otra y la legislación del código no la ha acompañado. Ahora estamos en un principio de igualdad de género, la mujer trabaja, el hombre está comprometido e implicado en el cuidado de los hijo, etc, por eso la guarda y custodia compartida no debe tener carácter excepcional sino que debe ser lo deseable siempre y cuando vaya acorde al interés del menor.
P.- Y ¿qué pasos deben darse para avanzar en este sentido?
R.- En base a que existen ya legislaciones autonómicas que regulan la custodia compartida y la interpretación que da el Tribunal Supremo, lo correspondiente sería que el legislador amplíe la ley en este sentido y aborde la custodia compartida con carácter general y no excepcional. La custodia compartida debe ser el punto de partida, las familias parten de una situación de custodia compartida y el juez deberá valorar si debe mantenerse o es mejor una custodia monoparental, pero de inicio no debe ser lo normal apostar por una custodia monoparental. La custodia compartida se centra en compartir los éxitos y sinsabores de los hijos, no de competir por ellos y no debemos olvidar que quienes se separan son los padres.

El Gobierno no quiere modificar la ley de violencia sobre la mujer que es un enorme fracaso

Pautas para cultivar en los niños valores contra la violencia de género.
La educación en valores, la comunicación y predicar con el ejemplo y la coherencia, formas de plantar semillas antiviolencia en los jóvenes.
CAROLINA PINEDO, 20 ENE 2018
Los valores de la no violencia contra las personas se inculcan desde la cuna. Un niño/a educado en el respeto y la tolerancia con sus iguales rechazará cualquier tipo de violencia, como la de género, con sus semejantes. Además, sabrá identificar las situaciones que implican violencia contra su integridad como persona por diversas razones, como su sexo, aspecto o su forma de actuar o pensar y defenderá a quienes son objeto de estas situaciones de acoso.
El ejemplo por parte de la familia es clave para que un niño/a se convierta en un adulto antiviolencia. 
Ciertas pautas ayudan a plantar las semillas de mujeres y hombres que rechacen y que no practiquen la violencia de género.
Tolerancia cero con cualquier tipo de violencia. Nuestra sociedad tiende a ser permisiva con la violencia. Pero, desde casa conviene “no justificar ningún tipo de violencia y evitar cualquier tolerancia bajo justificaciones como: Era una broma. Hay que ser muy claros con los límites”, explica Rosa Garvín, jefa de estudios de un centro escolar público y coordinadora del Plan Estatal de Convivencia Escolar, que recoge pautas preventivas sobre la violencia de género en la sociedad, recogidas en guías del Ministerio de Educación.
Enseñar a elegir la compañía de las personas que nos tratan bien. Apoyar al niño/a para que exprese lo que aprueba y rechaza, con mensajes como: No me gusta que me hagas o me digas esto es la forma de que los pequeños pongan límites desde una temprana edad a los comportamientos que son violentos y no les hacen sentir bien. De esta manera, se fomenta que busquen la compañía de personas que les aportan bienestar.
Y es que, “no quiere decir no y sí quiere decir sí. Muchas acciones se justifican y aprenden a través del juego, como perseguir a las compañeras para subirles la falda, pero hay que enseñar que las personas son quienes deciden y nadie tiene derecho a tocarles ni besarles sin su permiso”, comenta Lidia Puigvert, profesora de sociología de la Universidad de Barcelona y miembro afiliado del Centre for Community, Gender and Social Justice - University of Cambridge.
Convertirse en un ejemplo de no violencia. 
Los jóvenes aprenden de lo que hacemos, no de lo que decimos. La coherencia es fundamental con ellos. Si un adulto dice que rechaza la violencia, pero la practica con la palabra o apoya a personajes agresivos, el niño/a recibe un mensaje contradictorio.
Fomentar la comunicación con los niños. Hablar con los niños o jóvenes, implica también escucharles desde el respeto y la empatía para que nos puedan contar también sus inquietudes o problemas. De esta manera, si están siendo objeto de cualquier tipo de violencia, como la de género, estarán en mejor disposición de solicitar ayuda a los adultos.
Jóvenes paladines contra la violencia. Animar a los niños y jóvenes a reconocer y rechazar las conductas violentas hacia otros amigo/as o compañero/as, es una forma de conseguir que se conviertan en personas activas contra estos comportamientos.
Hablar sobre la violencia que se vive cada día en la sociedad. Películas violentas, líderes con conductas agresivas, mensajes machistas. Los medios de comunicación, Internet, el grupo de amigos, la publicidad son a menudo ventanas por las que acceden mensajes violentos que hay que evitar que se conviertan en modelos de comportamiento para niños y jóvenes. Este bombardeo es inevitable, pero desde casa se pueden canalizar y analizar estos mensajes a través del intercambio de opiniones e impresiones. Es decir, no es lo mismo que un niño o joven vea una película violenta en solitario que lo haga acompañado de un adulto que le pueda aportar herramientas para discernir y criticar, incluso desde el humor, los mensajes sexistas o violentos que llegan a través de la pantalla.
Aportar al niño/a valores femeninos y masculinos positivos. Abordar la educación de los niños a temprana edad para ofrecerles modelos basados en la empatía, la bondad y la compasión derivados de su sexo. “Las madres son las educadoras de la humanidad y desde ese lugar de poder pueden enseñar a sus hijas los valores de fuerza para poner límites desde el respeto y defender su alegría e integridad, así como a tener confianza en sí mismas y quererse por dentro y por fuera. Asimismo, en el caso de los niños, se pueden fomentar los valores de masculinidad basados en el respeto, no solo de las mujeres, sino de todas las personas, porque somos mucho más que una mujer o un hombre”, según la reflexión de Elena Caballero, periodista y creadora de un proyecto, Las mujeres que hay en ti, que aborda desde un punto de vista espiritual y holístico el papel de las féminas en la sociedad.
Nota: Curioso, la Responsable de la violencia en los menores es la Madre a ser "........educadoras de la humanidad". Acabásemos. Uno se plantea la figura educativa del Padre, que parece que no es obligatorio para la redactora.

sábado, 20 de enero de 2018

La Responsabilidad civil de los padres divorciados por los daños causados por sus hijos

Juan José Nevado Montero, Abogado, 19/01/2018
Resumen: La responsabilidad civil de los padres por los hechos dañosos causados por sus hijos menores, tiene una doble regulación en el ordenamiento español. En el orden penal en el art. 61.3 de la La ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor, y en el orden civil, en el art. 1903 del Código Civil. Ambas regulaciones son diferentes, permitiéndose la moderación de la responsabilidad en el orden penal pero no en el civil, y respondiendo siempre ambos padres aunque no convivan en el orden penal, pero no en el civil.
La responsabilidad en caso de vida separada de los progenitores.
En situaciones de no convivencia de los padres, cabe preguntarse si responderán uno o ambos por los actos de sus hijos, y para obtener la respuesta hay que volver a hacer referencia a la doble regulación normativa, pues si el hecho del que deriva la responsabilidad constituye infracción penal, la LORPM, en su art. 61.3 excluye cualquier causa de exoneración de los padres, incluso del no conviviente, consagrando una responsabilidad directa, objetiva y solidaria, a fin de garantizar la reparación a la víctima.
Es más complejo el caso de la responsabilidad derivada del art. 1903 CC, puesto que en los supuestos de no convivencia de los padres, por lo general, se habrán establecido bien mediante sentencia de nulidad, separación o divorcio o bien mediante sentencia de adopción de medidas paternofiliales, pautas que regulen el ejercicio de la responsabilidad parental, compartiendo normalmente la titularidad de la patria potestad, así como su ejercicio, y estableciendo un régimen de guarda y custodia, de forma que los menores pasarán un tiempo con cada uno de los progenitores, ello a salvo de que alguno de ellos se vea privado o suspendido en su patria potestad.
Del tenor del art. 1903 CC parece claro que se adopta un concepto de guarda que admite situaciones transitorias derivadas del derecho de visitas (STS de 11 de octubre de 1990, Id. Cendoj 28079110011990101020, citada posteriormente en muchas resoluciones), y esa es la tendencia jurisprudencial más habitual, descargando la responsabilidad en el padre que ostentaba la guarda en el momento del hecho.En algunas sentencias se indica que desde la reforma del CC por la Ley 11/1981, de 13 de mayo, se ha condicionado la responsabilidad de los padres a que el hijo se encuentre bajo su guarda, y en base a ello se ha admitido la exoneración de los padres cuando el acto dañoso se ha producido donde ese deber de guarda se encontraba delegado, como cuando los hechos se han producido en horario escolar en el interior de un centro docente, así la SAP de Castellón de 26 de enero de 1999 (Id. Cendoj 12040370021999100049), dice que tal exoneración ha de producirse en el caso de que la guarda del menor la ostente exclusivamente uno de los progenitores en virtud de lo establecido en una sentencia matrimonial, pues sólo puede responder el guardador, al ser el tenor del art. 1903 CC sumamente claro, de modo que ni siquiera por la vía de la culpa in educando cabe hacer responsable al no guardador, pues no se cumpliría entonces con la conditio legis del precepto. En el mismo sentido la SAP Barcelona de 29 de octubre de 1999 (Id. Cendoj 08019370161999100755).
Las resoluciones distinguen entre lo que denominan “situaciones normales”, y las de vida separada de los padres, pues en atención a la condición del art. 1903 CC (tener al hijo bajo su guarda), y dado que las funciones de guarda y custodia se atribuyen a cada uno de ellos, de forma alternativa y en una extensión temporal más o menos amplia, sólo aquel que ostente la guarda en el momento del hecho deberá de responder (SAP Cáceres de 14 de abril de 2004, Id. Cendoj 10037370012004100126; SAP León de 21 de abril de 2004, Id. Cendoj 24089370022004100190), o la más moderna SAP Tarragona de 17 de noviembre de 2009 (Id. Cendoj43148370032009100368).
En sentido contrario, hay sentencias que corresponsabilizan al progenitor no guardador, por ejemplo la SAP Orense de 28 de febrero de 2005 (Id. Cendoj 32054370022005100067), que analizando el daño causado por un menor de 16 años de edad dice que en el caso de vida separada de los progenitores, en que se ha establecido un régimen de guarda y custodia, la palabra guarda ha de ser interpretada con amplitud y flexibilidad, pues en caso contrario, el progenitor que presta más directamente sus cuidados y compañía al menor, y por ende el más sacrificado, resultaría ser el más responsable. Se apoya también en que cuando el propio art. 1903 CC habla de la responsabilidad de los tutores, la circunscribe a los menores o incapaces que estén bajo su autoridad y habiten en su compañía, de lo que deduce que en el caso de los padres (donde no se especifica que habiten en su compañía), el legislador no quería excluir su responsabilidad aunque no residieran con el menor.
En el mismo sentido responsabilizan a ambos progenitores a pesar de vivir separados la SAP Oviedo de 23 de octubre de 2001, Id. Cendoj 33044370012001100454 (niño que conduce un ciclomotor propiedad de su padre sin seguro obligatorio y atropella a un peatón), SAP Huelva de 16 de mayo de 2005, Id. Cendoj 21041370032005100184 (niño que rompe una farola de propiedad municipal), y SAP Albacete de 20 de febrero de 2016, Id. Cendoj 02003370012016100077 (agresión entre menores).
Nota: Como siempre...Guerra entre Audiencias Provinciales. ¿Que dice el Tribunal Supremo al respecto?

CGPJ: Sancionada una jueza por revelar a su ex datos de su nueva pareja

........................ "Es una víbora"
La magistrada utilizó datos del proceso de divorcio de la nueva novia de su excompañero, en el que había intervenido. "Ten cuidado con ella, puede estar buscando nueva fuente de financiación", le escribió.

María Peral @Maria_peral, 19 enero, 2018
Un correo electrónico escrito en medio de la madrugada a su expareja ha supuesto una sanción por falta grave para una jueza de la jurisdicción civil, multada por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial por la revelación indebida de datos conocidos con ocasión del ejercicio profesional.
"Hola Juan. Aunque me has dicho que no es necesario he decidido investigar a tu nueva conquista, y siento darte malas noticias", arrancaba el email de la magistrada a su ex, en el que le contó con todo detalle lo ocurrido unos meses antes durante la vista de medidas provisionales en el proceso de divorcio de la nueva novia de Juan, incluyendo comentarios despectivos sobre la impresión que le había causado la mujer.
La magistrada fue la encargada de dirigir la vista y dictar el auto de medidas provisionales. "Ella me pareció una sabandija total y absoluta, el crío de 15 años, cuya exploración realicé personalmente, totalmente manipulado y el ex, una víctima propiciatoria como tantos hombres en el divorcio", decía el mensaje.
A la jueza la posición del exmarido le pareció "bastante razonable". "Pero la actitud de la esposa era de no querer negociar en absoluto, iba a la yugular del tío. Se puso a llorar en sala argumentando que la empresa [en la que trabaja] estaba en los 1ª años y que sólo daba pérdidas. Argumento que no me pareció nada convincente, especialmente cuando se me probó por la parte del esposo que la tía era funcionaria en excedencia, extremo este último que ella se había encargado torticeramente de ocultarme. Con un sueldo de 1.000 € mensuales. Yo entendí que al menos debía ganar eso en su actual trabajo porque no se entiende que, de otro modo, no se incorporase a su puesto de trabajo como funcionaria".
"Pretensiones de parásita"
"En fin", proseguía el correo, "el juicio fue bastante tenso y al final ella quedó muy descontenta porque yo la interrogué con bastante dureza. La verdad es que me dio mucha pena el hombre y ella me pareció una víbora y con pretensiones de parásita".
"Espero que no creas que te digo todo esto porque tengo interés en que no salgas con ella. De hecho lo lamento mucho porque te veía muy ilusionado y a mi la tipa me dio muy mala impresión, creo que con razones justificadas. Ten cuidado con ella, tengo dudas de que pueda tener un interés sincero en ti. Si le va mal económicamente en la empresa y no le sacó lo suficiente al marido, puede estar buscando nueva fuente de financiación", advertía a Juan (nombre supuesto).
La magistrada indicaba a su expareja que "no te mando el auto porque es muy delicado todo este tema". Le subrayó, en letras mayúsculas, que la información que le daba era "absolutamente confidencial". Pero Juan enseñó el mail a su novia y ésta presentó una querella contra la jueza.
El proceso penal no ha prosperado. El Tribunal Superior de Justicia que examinó la querella no vio en los hechos gravedad suficiente como para constituir un delito de revelación de secretos. Explicó que "la revelación de que se trata no tuvo más trascendencia que a una sola persona [la expareja de la magistrada] y lo que se considera grave perjuicio no sólo puede instalarse en la apreciación subjetiva de la afectada, sino en su dimensión pública y social que, en el momento de los hechos, no se produjo".
Cuantía mínima
El tribunal sí acordó comunicar los hechos al CGPJ, que inició un expediente disciplinario ahora concluido con la imposición de una multa de 501 euros a la magistrada.
La cuantía es la más baja de las correspondientes a las faltas graves, que pueden ser sancionadas con hasta 6.000 euros. También es sustancialmente inferior a la solicitada por el fiscal -1.500 euros-.
El Ministerio Público consideró acreditada la comisión de una falta tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial consistente en "revelar el juez o magistrado y fuera de los cauces de información judicial establecidos, hechos o datos de los que conozcan en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta cuando no constituya la falta muy grave".
El fiscal indicaba que la jueza "aprovechó el conocimiento de los datos personales adquirido mediante el procedimiento de divorcio" y los utilizó "con el deseo de interferir y dificultar en lo posible la relación sentimental iniciada por Juan", con el que ella había mantenido una relación "que había finalizado meses atrás por decisión unilateral de él".
No obstante, apreció que "no consta en el expediente dato objetivo alguno que permita afirmar que los hechos descritos hayan causado perjuicio alguno a la tramitación del proceso o a cualquier persona implicada en el mismo", por lo que la falta no podía ser considerada de carácter muy grave, sino grave.
La Comisión Disciplinaria ha compartido el criterio del fiscal. La sanción es recurrible.

En otros Mass Media: diario de Mallorca,

viernes, 19 de enero de 2018

La Eurocámara pide escuchar al menor en caso de sustracción

.......por uno de los padres a otro país de la UE.
(EUROPA PRESS), Bruselas, 18/01/2018
El pleno Eurocámara ha reclamado reforzar los derechos de los menores durante todo el procedimiento de divorcio en el caso de los matrimonios internacionales, priorizando siempre su interés y garantizando que se escucha su opinión y que jueces expertos en derecho familiar se encarguen de los casos de sustracción de menores por 1 de los padres a otro país de la Unión Europea.
"El menor es el eslabón más débil en las disputas entre padres y por ello necesita toda la protección que podamos darle. Escuchar al menor es una cuestión especialmente clave que requiere disposiciones detalladas", ha defendido el eurodiputado popular polaco, Tadeusz Zwiefka, responsable de la negociación de los cambios normativos en la UE para reforzar la protección de los menores en litigios familiares transfronterizos, previo al voto.
El pleno de la Eurocámara ha aprobado por 562 votos, 16 en contra y 43 abstenciones su opinión sobre la reforma normativa europea, aunque son los Gobiernos europeos los que tienen competencia y deberán aprobar los cambios por unanimidad.
Unos 140.000 matrimonios internacionales se divorcian en la UE al año
y se producen alrededor de 1.800 casos de sustracción de menores en la UE, según estimaciones de la Comisión Europea. 

En el conjunto de la UE hay unos 16 millones de matrimonios compuestos por nacionales de diferentes Estados miembro.
La Comisión Europea propuso en junio de 2016 limitar a un máximo de 18 semanas el plazo de los procedimientos para restituir a menos sustraídos en la UE (6 semanas para tramitar la solicitud por la autoridad central, 6 semanas para la tramitación del tribunal de 1ª instancia y 6 semanas para el tribunal de apelación".
Bruselas reclamó que un número limitado de tribunales y jueces con la debida experiencia se encarguen de los casos de sustracción parental y planteó un único recurso posible contra decisiones de restitución.También planteó, entre otros, la necesidad de que los menores tengan la posibilidad de expresar su opinión, especialmente en los procesos para resolver la custodia, el régimen de visitas y la restitución de menos en casos de sustracción por uno de sus padres.

Más Noticias:la vanguardiaecodiario.

¿Cuando resulta imposible el ejercicio de la guardia y custodia compartida?

Mariluz García, especialista en Derecho de Familia, 19.01.2018
En la actualidad, son cada vez más numerosos los progenitores que, ante un divorcio o separación, optan por la custodia compartida como fórmula para seguir implicados en el cuidado de los hijos. No obstante, hay algunos obstáculos legales que impiden que pueda otorgarse en todos los casos.
La custodia compartida ha tenido en los últimos años una gran evolución no sólo a nivel legislativo, sino también jurisprudencial y práctico. En 2005, a raíz de la Ley 15/2005 de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, es cuando se introdujo por 1ª vez en el ordenamiento jurídico español la posibilidad de fijar una guarda y custodia compartida a través de la nueva redacción que se dio al art. 92 CC. Y por 1ª encontramos en la legislación española términos como “guarda conjunta”, “guarda y custodia compartida”.
A través del art. 92.5 CC, se reguló el supuesto en el que los progenitores podían solicitar de mutuo acuerdo la custodia compartida y según lo establecido en el art. 92.8 CC, se permitía al juez que adoptará la compartida cuando uno de los progenitores así lo solicitase. Para que esta 2ª opción fuera posible se impuso la obligación de que el Ministerio Fiscal emitiera informe favorable, limitándose por tanto la capacidad decisoria del juez. Además, se exigía que la decisión de fijar la compartida se fundase en el interés superior del menor.
Lo que sí quedó perfectamente delimitado a través del art. 92.7 CC, fue la imposibilidad de fijar una custodia compartida cuando cualquiera de los padres estuviera incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivieran con ambos. Especificando que tampoco procedería la compartida cuando existieran indicios fundados de violencia doméstica.
A raíz de la reforma de 2005 algunas comunidades autónomas decidieron legislar más en profundidad el tema de la custodia compartida. La pionera fue Aragón, donde se estableció como opción preferente en caso de separación o divorcio la custodia compartida. Le siguieron Cataluña, Valencia y Navarra donde se optó por acuñar el término responsabilidad parental compartida.
Con la práctica se ha ido comprobando las carencias de la Ley 15/2005 a la hora de fijar una custodia compartida, motivo por el cual ha tenido que ser la jurisprudencia quien poco a poco fuera estableciendo los criterios que debían seguirse para valorar si procedía fijar una custodia compartida cuando los progenitores no estaban de acuerdo.
En este sentido, la evolución jurisprudencial ha sido la siguiente:
1.- Sentencia 623/2009 del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2009, que estableció por 1ª vez algunos requisitos para que se pudiera establecer una guarda y custodia compartida:
1. La práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales.
2. Los deseos manifestados por los menores competentes.
3.
El número de hijos.
4. El cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales y con otras personas que convivan con en el hogar familiar.
5. Los acuerdos adoptados por los progenitores.
6. La ubicación de sus domicilios, horarios y actividades.
7. El resultado de todos los informes exigidos legalmente
8. Cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada en una convivencia que será más compleja que antes.

2.- Sentencia 185/2012 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 17 de octubre de 2012, que declaró nulo el inciso del art. 92.8 CC que hacía referencia al carácter favorable del informe del ministerio fiscal, que era preceptivo para que el Juez pudiera acordar la guarda y custodia compartida, cuando no hubiera acuerdo entre los progenitores.
3.- Sentencia 257/2013 del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2013, que declaró que la guarda y custodia compartida no era una medida excepcional, sino que habría de considerarse normal e incluso deseable, y reiteró el elenco de criterios para poder valorar la conveniencia de la adopción de una custodia compartida fijado ya en 2009.
En el año 2013, se aprobó el Anteproyecto de Ley sobre el Ejercicio de la Corresponsabilidad Parental en caso de Nulidad, Separación o Divorcio, conocido popularmente como “Anteproyecto de Ley de Custodia Compartida”, que hasta la fecha no se ha materializado.
A pesar de que parecía que la Sentencia del Tribunal Supremo de 2013 daría solución, seguía existiendo mucha disparidad de criterios en los Juzgados a la hora de establecer la custodia compartida, motivo por el cual, de nuevo, el Tribunal Supremo en Sentencia 194/2016 de 29 de marzo, hizo una llamada de atención a la Audiencia Provincial de Madrid por no conceder una guarda y custodia compartida, y volvió a recordar que se debía seguir la doctrina marcado por el Alto Tribunal: “La sentencia, ciertamente, desconoce, como si no existiera, la doctrina de esta Sala y pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado de una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares.
De igual modo, existen resoluciones en las que aun cumpliéndose los requisitos anteriormente expuestos no conceden una custodia compartida con concurrir otras circunstancias, destacamos el supuesto concreto: Distancia entre los domicilios de los progenitores.
El hecho de que los progenitores residan o pudieran residir en domicilios distintos, sobre todo si éstos están a bastante distancia, puede representar y en muchas ocasiones sigue representando un punto negativo a la hora de otorgar la custodia compartida.
El Tribunal Supremo en Sentencia 115/2016 de 1 de marzo denegó a un padre la custodia compartida debido a la distancia entre su domicilio en Cádiz y el de la madre en Granada y determino expresamente que “Realmente la distancia no solo dificulta, sino que hace inviable la adopción del sistema de custodia compartida con estancias semanales, dada la distorsión que ello puede provocar y las alteraciones en el régimen de vida del menor máxime cuando está próxima su escolarización obligatoria”.
En el mismo sentido se volvió a pronunciar en Sentencia 748/2016 de 21 de diciembre volvió a tratar el tema de la distancia entre los domicilio de los progenitores y denegó nuevamente una custodia compartida argumentando que “Resulta así que, aunque concurran varios de los requisitos que normalmente habrían de dar lugar al establecimiento del régimen de custodia compartida, existe una circunstancia que lo desaconseja por suponer una alteración de la vida normal de la menor, sobre todo cuando ya alcanza edad escolar, ya que ambos progenitores residen en poblaciones que distan entre sí unos 50 kms y ello supondría que en semanas alternas la menor habría de recorrer esa considerable distancia para desplazarse al colegio.”
Sin embargo, en Sentencia 370/2017 de 9 de junio, el Tribunal Supremo estimó mantener la custodia compartida de un menor aunque sus progenitores residían en distintas localidades con una distancia de 46 Km entre sí, considerando que “Esta sala se ha pronunciado a favor de evitar que ello comporte necesidad de notables desplazamientos hasta el lugar de escolarización durante el tiempo en que el menor reside en alguno de los domicilio de dichos progenitores, pero, no es esta la situación del presente caso en que dicha dificultad aparece superada. De ahí que en este supuesto resulte factible que la residencia del hijo cambie por períodos semanales entre ambas localidades donde habitan sus progenitores – con custodia compartida – pues ello no supone especiales dificultades para el mismo”.
Como se apreciará, ni el propio Tribunal Supremo tiene un criterio unánime y habrá que examinar caso por caso.
CONCLUSIÓN:
El único supuesto en el que se prohíbe expresamente la fijación de una custodia compartida es cuando alguno de los progenitores esté incurso en un proceso penal ya que así lo prevé expresamente el art. 92.7 CC.
La distancia entre los domicilios de los progenitores puede ser un obstáculo para establecer una custodia compartida, pero habrá que analizar caso por caso y atender a las circunstancias personales de cada familia, teniendo siempre como premisa que la custodia compartida se ha de basar fundamentalmente en el beneficio e interés del menor.

El divorcio extingue la obligación alimentaria entre los cónyuges

....... dice un tribunal de Salta
IRUYA.COM, Argentina, 18 de ENERO 2018 
Para los magistrados que integran el tribunal, el carácter permanente revisable de las resoluciones judiciales adoptadas en materia de alimentos obliga a tener en consideración la modificación sustancial de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta en el momento en que se acordaron.
La Sala IIIª de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Salta, con la firma de los magistrados Marcelo Ramón Domínguez y José Gerardo Ruiz ha resuelto estimar parcialmente el recurso de apelación que había interpuesto un hombre que en su día promovió un incidente de cese de la prestación alimentaria a favor de su expareja, petición que le fuera denegada en la 1ª instancia.
Según el relato del portavoz de prensa del Poder Judicial salteño, los hijos de las partes litigantes se quedaron en Salta al cuidado del padre, mientras que la mujer estableció su residencia en otra provincia. En este contexto, los progenitores acordaron en sede judicial los alimentos provisorios debidos y la modalidad de ejercicio de sus deberes respecto de la crianza de los hijos comunes.
En su sentencia, Ruiz y Domínguez recuerdan que el art. 661 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta establece que “toda petición de aumento, disminución, cesación o coparticipación en los alimentos se sustanciará por las normas de los incidentes en el proceso en que fueron solicitados…”, precepto del cual los magistrados hacen derivar su conclusión acerca de que “el régimen alimentario nunca es definitivo, dependiendo de los ingresos y necesidades que pueden variar a lo largo del tiempo, lo que implica que la sentencia dictada en el juicio de alimentos, no produce efectos de cosa juzgada sustancial”.
Para los magistrados salteños, el carácter permanente revisable de las resoluciones judiciales adoptadas en materia de alimentos obliga a tener en consideración la modificación sustancial de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta en el momento en que se acordaron.
En el caso particular, Ruiz y Domínguez han dicho en su sentencia que “efectivamente, las circunstancias que motivaron el acuerdo respecto a los alimentos provisorios que se establecieran a su favor, han variado notablemente a la fecha”.
En relación al derecho sustancial aplicable, los jueces han fundado su decisión en el art. 432 del Código Civil y Comercial, que establece que “los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria sólo se debe en los supuestos previstos en este Código, o por convención de las partes. Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos entre parientes en cuanto sean compatibles”.
Para los jueces salteños, el citado precepto legal debe ser interpretado en el sentido de que la declaración de divorcio, que produce la extinción del vínculo, produce también el cese de la obligación alimentaria y de asistencia entre los antiguos cónyuges.
En el proceso ha quedado acreditado que las partes obtuvieron la declaración extintiva en junio de 2016, por lo que en tal fecha se produjo el cese de la obligación alimentaria.
En definitiva, la decisión judicial afirma que los alimentos que habían sido fijados con anterioridad tenían carácter provisional, por lo que no pueden mantenerse luego de declarado el divorcio.